La dictadura cívico-militar uruguaya se extendió entre 1973 y 1985 y fue el período de facto originado en el Golpe de Estado del 27 de junio de 1973 y marcado por la prohibición de partidos políticos, la ilegalización de sindicatos y la persecución y asesinato de opositores al régimen.
Antecedentes
Hacia 1955 se inició en Uruguay una crisis económica que afectó también a las instituciones políticas. Durante la década de 1960 hubo un proceso de deterioro social y económico con un notable aumento de la conflictividad que incluyó la lucha armada a través de la guerra de guerrillas, protagonizada por grupos de extrema izquierda, entre los cuales destacan los Tupamaros y fuerzas de extrema derecha, como el Escuadrón de la muerte y la Juventud Uruguaya de Pie (JUP).
Las Fuerzas Armadas fueron asumiendo protagonismo hasta que, ante la crisis social, económica y política que vivía el país, y la falta de respaldo político al Presidente de la República, deciden, con el apoyo del presidente electo Juan María Bordaberry, dar un golpe de estado.
En 1972 las Fuerzas Conjuntas (organismo que abarcaba las Fuerzas Armadas y la policía) detuvieron a los dirigentes tupamaros Raúl Sendic, Eleuterio Fernández Huidobro, Mauricio Rosencof, José Mujica, Adolfo Wasem, Julio Marenales, Henry Engler, Jorge Manera y Jorge Zabalza por los delitos de sedición y otros, permaneciendo recluidos desde ese momento hasta la finalización de la dictadura militar
es decir, hasta 1985. Fueron recluidos en casi total incomunicación y sufrieron apremios físicos y psicológicos (comprobados posteriormente por organismos como la Cruz Roja Internacional). También en condiciones muy duras estuvieron recluidos los diputados Jaime Pérez, Wladimir Turiansky, Gerardo Cuesta y José Luis Massera.
El golpe
Artículo principal: Golpe de Estado del 27 de junio de 1973
El 27 de junio de 1973, en vista de que "la acción delictiva de la conspiración contra la Patria, coaligada con la complacencia de grupos políticos sin sentido nacional, se halla inserta en las propias instituciones, para así presentarse encubierta como una actividad formalmente legal", el entonces presidente Juan María Bordaberry con el apoyo de las Fuerzas Armadas disuelve las Cámaras de Senadores y Representantes, crean un Consejo de Estado con funciones
constitucional que reafirme los principios republicanos-democráticos", restringe la libertad de pensamiento y faculta a las FF.AA. y Policiales para asegurar la prestación interrumpida de los servicios públicos.
En respuesta al golpe de estado, en la misma madrugada en que se gesta el golpe, el secretariado de la CNT (Convención Nacional de Trabajadores) comienza la huelga más larga en la historia del país, durando 15 días.
Doce años de dictadura
En las cárceles uruguayas murieron cerca de un centenar de prisioneros políticos y continúan desaparecidas otras 200 personas.
En 1976, al terminar Bordaberry su mandato constitucional, ante la convicción de que el caos político que había vivido el país era responsabilidad de su sistema político, propone a la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas una reforma del sistema institucional del país, eliminando los partidos políticos
Las Fuerzas Armadas, entendiendo que el problema no eran los partidos políticos, sino sus integrantes, y que la solución al problema vendría por la vía de una renovación de sus dirigentes, retiran su apoyo al presidente, que se vería obligado a abandonar el cargo en junio.
Mientras continuaba la persecución de los ciudadanos que luchaban contra la dictadura, Bordaberry es reemplazado por el entonces presidente del Consejo de Estado, Alberto Demicheli, quien suspende las elecciones previstas para noviembre y delega la presidencia en Aparicio Méndez (ex Ministro de Salud Pública), quien la asume por un período de cinco años.
El 30 de noviembre de 1980 la ciudadanía rechaza por medio de un plebiscito el proyecto de reforma constitucional propuesto por el régimen de facto, dando comienzo a un lento proceso de apertura política. El 1 de septiembre de 1981 asume la presidencia el general Gregorio Álvarez.
En noviembre de 1982 se celebran elecciones internas, pero con los principales líderes históricos blancos y colorados proscritos, al igual que toda la izquierda. De todos modos, los resultados de estos comicios fueron un claro rechazo al régimen dictatorial.
Pacto del Club Naval
En 1984, tiene lugar el Pacto del Club Naval acordado en agosto de ese año entre Gregorio Álvarez, el Frente Amplio, el Partido Colorado y la Unión Cívica. Los representantes del Partido Nacional se retiraron de las negociaciones por no compartir el planteo militar de realizar las elecciones con partidos y personas proscriptas (entre ellas, su entonces líder, Wilson Ferreira Aldunate).[2] Tras realizarse los comicios el 25 de noviembre del mismo año, sale triunfante el Partido Colorado. El 12 de febrero de 1985 Álvarez deja el mando en manos del Presidente de la Suprema Corte de Justicia en ejercicio, Rafael Addiego Bruno, y, finalmente el 1 de marzo de 1985 el gobierno retornó a los civiles con la asunción de Julio María Sanguinetti (del Partido Colorado) como Presidente.
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